Estabilidad Ocupacional Reforzada

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2017.02.02

 

Caso: De una persona a quien se le dio por terminado el contrato de prestación de servicios estando en situación de incapacidad por un accidente que sufrió en cumplimiento de sus labores.

La Corte Constitucional, con Sentencia SU-049 de 2017.02.02, M.P. María Victoria Calle Correa, concedió la protección de los Derechos Fundamentales del trabajador, y mediante COMUNICADO No. 4 Febrero 1º y 2 de 2017, expresó lo siguiente:

 

“La Sala Plena de la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales de una persona que prestó sus servicios como conductor de la compañía Inciviles S.A. por cerca de año y medio, transportando los materiales de construcción requeridos para el desarrollo de su objeto social. Al accionante se le desvinculó de manera anticipada cuando apenas había transcurrido dos meses y medio de un segundo contrato de prestación de servicios de once meses que comenzó el 1º de enero de 2014. La compañía Inciviles S.A. decidió terminar este contrato alegando la existencia de una justa causa relacionada con el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, por haber dejado rodar el vehículo a su cargo y causar el choque de una volqueta, causando daños a la persiana y a otro vehículo particular. Cuando la empresa le comunicó al accionante la terminación del contrato de prestación de servicios, se encontraba incapacitado como consecuencia de un accidente de trabajo que había sufrido semanas atrás.

La Corte determinó que el actor era titular del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, por cuanto a causa del accidente de trabajo que padeció, experimentaba dificultades sustanciales para realizar las labores para las cuales fue contratado en condiciones regulares. Conforme a los criterios unificados en esta sentencia, el hecho de que se trate de un contrato de prestación de servicios o de una relación laboral no es relevante, en cuanto a la protección reforzada, ni lo es que el accionante carezca de una calificación de pérdida de capacidad laboral que determine su grado de invalidez, porque en ocasiones el proceso de recuperación de la salud es largo y hasta que finalicen los tratamientos no es factible establecer en muchas oportunidades, si las secuelas que padece la persona le ocasionarán un dictamen de invalidez. Para la Corte, en sus condiciones de salud, tiene derecho a la estabilidad ocupacional reforzada en virtud de la Constitución y en concordancia con la Ley 361 de 1997.

La estabilidad laboral reforzada significa que el actor tenía entonces derecho fundamental a no ser desvinculado sino en virtud de justa causa debidamente certificada por la Oficina del Trabajo. No obstante, en este caso, la compañía contratante no solicitó en momento alguno la autorización referida. En eventos como este, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la pretermisión de este trámite ante la autoridad del Trabajo acarrea la presunción de despido injusto, presunción que se puede desvirtuar, incluso en el proceso de tutela y por tanto, lo que implica es la inversión de la carga de la prueba. Estaba entonces en cabeza del contratante probar la justa causa para terminar de manera anticipada el contrato de prestación de servicios. El tribunal advirtió que esta garantía se ha aplicado no solo a las relaciones de trabajo dependiente, sino también a los vínculos originados en contratos de prestación de servicios independientes.

En el caso concreto, la Corte encontró que la compañía Inciviles S.A. no logró desvirtuar la presunción de desvinculación injusta del accionante, pues no le bastaba afirmar, sin sustento probatorio, los hechos invocados en la causal de terminación del contrato contenida en su Cláusula Séptima, literal b), puesto que debía probar que hubo un daño a uno de sus vehículos el 13 de marzo de 2014 y que el accionante lo causó. De los documentos aportados al proceso, no se anexa ninguna prueba de que hubiese un daño a sus vehículos o de que un vehículo a cargo del peticionario, específicamente hubiere sufrido una avería, ni tampoco muestra los elementos que la llevan a concluir que el supuesto año lo hubiese causado el actor. Incluso dado por cierto, sobre la base de la buena fe, que un vehículo hubiese sido objeto de un choque, sería injustificado inferir a partir de allí que el daño lo hubiese causado el actor. Así, lo sostuvo en la acción de tutela, al aducir que se le había violado el debido proceso al no permitirle la defensa frente a los cargos que se esbozan.

En consecuencia, la Sala Plena procedió a revocar los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia por el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín el 8 de julio de 2014 y el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín del 14 de agosto del mismo año. En su lugar, la Corte tuteló el derecho fundamental del accionante a la estabilidad ocupacional reforzada vulnerado por la compañía Inciviles S.A. La protección consiste en que dentro de los quince días calendario contados a partir de la notificación de la presente sentencia, renueve el contrato de prestación de servicios al accionante, cancele las remuneraciones que dejó de percibir al momento de su desvinculación y la fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia y le pague una indemnización equivalente a 180 días de honorarios.

Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Stella Ortiz, manifestaron salvamentos parciales respecto de la decisión anterior. Si bien coinciden con la procedencia del amparo de derechos fundamentales del actor a quien se terminó el contrato de prestación de servicios en una situación de vulnerabilidad que desconoció derechos fundamentales, consideran que no se puede hacer una asimilación total del contrato de prestación de servicios independientes con el contrato laboral.

El magistrado Guerrero Pérez observó las diferencias entre el sistema de protección de personas con discapacidad permanente calificada (Ley 361 de 1997, Decreto ley 19 de 2012) y el que se aplica a las personas con afectaciones temporales de salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares (de creación jurisprudencial). Por ello, consideró que la protección a otorgarse al accionante debía limitarse a la renovación del contrato, que tiene fundamento constitucional en la medida en que se desvinculó a una persona en una situación de vulnerabilidad que le impedía desempeñar la labor contratada. A su juicio, no existía fundamento legal para exigir la autorización de la Oficina de Trabajo a dar por terminado el contrato de prestación de servicios, la cual se exige solamente cuando se trata de un contrato laboral. Por ello, tampoco había lugar a sancionar a la compañía contratante con el pago de una indemnización al contratista.

A su vez, la magistrada Ortiz Delgado manifestó su discrepancia con asimilar a la estabilidad laboral reforzada, que es una garantía de la que gozan las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, a la situación en que está un persona contratada para un labor por medio de contrato de prestación de servicios, para reconocerle la que se denomina como estabilidad ocupacional reforzada. Observó, que el reconocimiento de la estabilidad laboral a las personas que trabajan en virtud de un contrato prestación de servicios, se deriva de la existencia de un contrato-realidad, en la medida en reúne las elementos de un contrato laboral en el que el elemento subordinación es esencial. En el caso concreto, no era esa la situación, pues se reconocía que se trataba de un contrato de prestación de servicios como trabajador independiente y por lo mismo, no genera las mismas obligaciones contractuales de una relación laboral.

Por su parte, el magistrado Linares Cantillo aclaró el voto, puesto si bien consideró que en el caso concreto cabía la protección solicitada señaló que no podía tener una connotación laboral, ya que podría llevar a ampliarse a muchos otros contratos en virtud de los cuales se prestan servicios profesionales y especializados de diversa índole, pero que no tienen consecuencias de orden laboral y prestacional. Por ello, no debería establecerse una regla general, sino examinarse en cada caso concreto, si procede la renovación del contrato.”.

 

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