T E M A S  Y  C O M E N T A R I O S

Prueba Nula de Pleno derecho
Normas y Jurisprudencia
 

 

10. Sanción de inexistencia de la prueba y no de nulidad de la actuación procesal.

 

La Corte Suprema de Justicia-Sala Penal, en Sentencia de 2002.06.13, Magistrado Ponente: Dr. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO, Proceso No 13299, consideró:

 

“Si lo que se pretende en este caso es realzar la violación de una condición de validez o existencia de la prueba pericial, en el sentido de que se omitió dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 2º artículo 270 del anterior estatuto procesal, indudablemente que el ataque debió orientarse por el error de derecho como falso juicio de legalidad, pues precisamente el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, establece que “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Esta norma ha lugar a que, cuando se violan las formalidades sustanciales de cada medio probatorio o éstos se practican con detrimento de los derechos fundamentales, la sanción es la inexistencia de la prueba y no la nulidad de la actuación procesal. Es decir, sin necesidad de invalidar todo o parte del proceso, el funcionario simplemente deja de apreciar la prueba irregular en orden a fundar la decisión judicial, y el sentido de ésta queda expuesto a la solvencia del material probatorio restante (si es que queda) para condenar o absolver.

 

”Así entonces, si para el caso examinado fuera procedente excluir como fundamento de la sentencia el aludido dictamen de balística, y se demostrase que el mismo es el único fundamento de la sentencia, la solución no podría ser la nulidad sino que se llegaría a la conclusión de que no existe prueba para condenar y, consecuentemente, el fallo debería ser absolutorio porque, además, queda incólume la presunción de inocencia. Así pues, el actor debió solicitar la sentencia de reemplazo (absolución), y no la nulidad de la actuación.”. (El subrayado en negrillas no es del original).

 

Sobre el mismo tema de la prueba nula de pleno derecho, la sanción de inexistencia de la prueba y no de nulidad de la actuación procesal. La Corte Suprema de Justicia-Sala Penal, en Sentencia de 2002.08.22, Magistrado Ponente: DR. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO, Proceso No 14616, expuso:

 

“En efecto, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, es “nula de pleno derecho” la prueba obtenida con violación del debido proceso, lo cual significa que cuando un medio probatorio está afectado en los ritos de su formación, o desconoce las garantías fundamentales que lo limitan, debe tenerse como jurídicamente inexistente.

 

”La consecuencia obvia de tan claro tratamiento constitucional de la prueba inválida, sería la de que ésta no puede servir de fundamento a la decisión judicial de fondo pertinente, pero en manera alguna la anomalía probatoria afectaría de nulidad el resto de la actuación procesal. Es decir, si la diligencia de allanamiento tachada por el censor de ilegal es el medio en el que se fundamenta la prueba de cargo, y no existe otra en la cual sustentar en igual medida el fallo condenatorio, como así lo deja entrever el libelista en su discurso, el camino correcto era hacer ver el falso juicio de legalidad y pedir, en consecuencia, la conversión a una sentencia absolutoria, pero en manera alguna procurar una inexistente nulidad del proceso(…)”.

 

El tema sobre la prueba nula de pleno derecho, la sanción de inexistencia de la prueba y no de nulidad de la actuación procesal. La Corte Suprema de Justicia-Sala Penal, en Sentencia de 2002.10.10, Magistrado Ponente: DR. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO, Proceso No 15906, reiteró:

 

“La ilegalidad de los medios de convicción, tiene dicho la Corte, no puede hacerse valer por medio de la causal 3ª de casación - nulidad-, sino a través de la 1ª -violación indirecta de la ley sustancial-, porque en últimas el vicio consistiría en apreciar unas pruebas jurídicamente inexistentes, pues de acuerdo con lo previsto en el Art. 29 de la Constitución Política, “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, lo cual significa que cuando se violan las formas sustanciales de cada medio probatorio, o éste se lleva a efecto con menoscabo de las garantías fundamentales, la sanción es la inexistencia de la prueba y no la nulidad de la actuación procesal.

 

”En ese orden de ideas, la consecuencia es obvia, si en el proceso no se cuenta con otras pruebas válidamente practicadas y meritorias para establecer el objeto propuesto, debe optarse por la sentencia absolutoria y no por la nulidad y reposición de lo actuado, pues resulta claro que en un tal evento prevalecen los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo.

 

”En el caso sub lite, si la diligencia de allanamiento tachada por el censor de ilegal es el medio en el que se fundamenta la prueba de cargo, y no existe otra en la cual sustentar en igual medida el fallo condenatorio, como así lo deja entrever en su libelo, el camino correcto era hacer ver el falso juicio de legalidad y pedir, en consecuencia, la conversión a una sentencia absolutoria, pero en manera alguna procurar una inexistente nulidad del proceso(…)”.

 

Insisto en que la técnica no debe sacrificar los derechos fundamentales estatuidos en nuestra Constitución.

 

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