T E M A S  Y  C O M E N T A R I O S

Prueba Nula de Pleno derecho
Normas y Jurisprudencia
 

 

5. Las causales de revisión civil y la prueba nula de pleno derecho.

 

La Corte Constitucional, en Sentencia con efecto erga omnes C-372 de 1997.08.13, manifestó:

 

Cuarta.- La posibilidad, planteada por la demanda, de que la nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Carta, opere, en cualquier momento, aun en contra de sentencias ejecutoriadas, sin que sea necesaria su declaración judicial, y pudiendo alegarse a través de las causales de revisión del Código de Procedimiento Civil, no es cierta.

 

”Recuérdese que el actor, con el fin de demostrar que la caución exigida por el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil es inconstitucional, sostiene que también es posible alegar la nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Carta, con base en las causales de revisión que dicho Código consagra en su artículo 380. Lo esencial de su razonamiento consiste en partir de la base de que la anotada nulidad constitucional no necesita de declaración judicial, pues opera "de pleno derecho", y en afirmar que si es planteada después de la ejecutoria de la sentencia, como sus efectos son inmediatos y prevalentes, supone la consiguiente pérdida de importancia o abolición del alcance de los conceptos de la ejecutoria de fallos y la cosa juzgada.

 

”En primer lugar, la Corte es consciente de que la expresión "de pleno derecho", indica que ciertos efectos jurídicos se producen por la sola ocurrencia de determinados hechos, automáticamente, sin que importe lo que la voluntad humana (aun la judicial) pueda considerar al respecto, verbi gratia, la mayoría de edad, que es una calidad a la que se llega por la simple adquisición de una edad, sin necesidad de ninguna declaración especial. Sin embargo, se observa que para que algo pueda operar de "pleno derecho", se exige que recaiga sobre hechos o circunstancias que no requieran de la intervención de la voluntad humana. Esto no ocurre con la institución de las nulidades procesales o probatorias, que es la consecuencia de vicios relevantes que no siempre son de fácil aprehensión. Como materia delicada en el trámite de los procesos, la seguridad jurídica, las exigencias del mismo debido proceso y el principio de que los asociados no deben hacerse justicia por su propia mano, indican que repugna con una interpretación armónica de la Constitución, la afirmación de que la nulidad del inciso final del artículo 29 opera sin necesidad de intervención de la rama judicial, prácticamente con la simple declaración unilateral del interesado. Por lo dicho, la Corte discrepa de la aseveración del actor en el sentido de que la nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Constitución, no requiere de sentencia judicial, como consecuencia del uso de la expresión “de pleno derecho”. (Los subrayados en negrilla, no son del original).

 

”En segundo término, la Corte no puede prohijar la interpretación de la demanda, que insinúa que el efecto ordinario de la cosa juzgada dejó de existir con base en la alegación de la nulidad del artículo 29 de la Constitución, pues ésta, por ser de raigambre constitucional, prácticamente en cualquier tiempo, prevalece sobre cualquier consideración, incluidas las sentencias ejecutoriadas. La razón de la discrepancia es también el adecuado entendimiento de la seguridad jurídica, la lealtad procesal y el debido proceso, el cual enseña que los procesos tienen etapas, que en ellos se da el fenómeno de la preclusión, y que pasada la oportunidad de plantear una nulidad, ésta debe considerarse saneada o superada habida cuenta de la negligencia de la parte interesada.

 

”En tercer lugar, la Corte estima que la opinión del demandante que sostiene que es posible que la nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Carta, pueda alegarse a través de las causales de revisión del Código de Procedimiento Civil, es errónea, pues, como se verá a continuación, las causales del recurso civil de revisión nada tienen que ver con la nulidad del inciso final del artículo 29 de la Constitución.

 

”Antes de efectuar el examen de cada una de las nueve causales de revisión, conviene dejar sentado, en lo que interesa al presente asunto, el sentido de la nulidad del artículo 29 de la Carta.

 

El inciso final de dicha disposición dice que "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Esta norma significa que sobre toda prueba "obtenida" en tales condiciones, esto es, averiguada y, principalmente, presentada o aducida por parte interesada o admitida con perjuicio del debido proceso, pende la posibilidad de su declaración judicial de nulidad. (Las negrillas son del original, el subrayado no).

 

”Con base en lo dicho, puede abordarse el estudio de las causales de revisión civil. Así, la primera de ellas es la que figura en el numeral 1o. del artículo 380 del Código:

 

"Causales. Son causales de revisión:

 

"1.- Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria."

 

”Esta disposición, como surge de su claro tenor, indica que hay lugar a la revisión de una sentencia ejecutoriada, si luego de dictarse ésta y sin que medie culpa del recurrente, aparecen documentos que de haber sido conocidos por el juez antes del fallo, lo habrían inducido a cambiar el sentido de la decisión. Se trata, entonces, de un evento con un presupuesto fáctico opuesto al que caracteriza a la nulidad probatoria del artículo 29 de la Constitución: la falta en el proceso respectivo de unos documentos con capacidad para variar el contenido de la sentencia. En consecuencia, no ocupándose de la obtención irregular de una prueba, sino de la aparición extemporánea de documentos con singular mérito probatorio, la primera causal de revisión civil nada tiene que ver con la nulidad del artículo 29 de la Carta.

 

”La segunda causal de revisión tiene operancia en los siguientes términos:

 

"Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida."

”Lo que aquí importa a la ley es que la declaración de falsedad recaiga material, intrínsecamente, sobre los documentos en los que reposa la sentencia recurrida, bajo el entendido de que ingresaron al expediente sin violación del debido proceso. Los vicios que la prueba tenga desde el punto de vista de su ingreso al proceso, no importan para los efectos de la revisión, pues el interesado, con arreglo a los medios de defensa ordinarios (que para este particular se reducen al respectivo incidente de nulidad), contó con la oportunidad procesal para discutirlos. Interpretada así la causal, es claro que tampoco se refiere a lo previsto por la nulidad del artículo 29.

 

”La tercera causal de revisión es la de:

 

"Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas."

”El texto citado no se ocupa de fallas adjetivas en cuanto a la práctica de declaraciones de personas. No. Por el contrario, da la posibilidad de controvertir sentencias ejecutoriadas con base en la demostración de que están fundadas en falsas declaraciones, siempre y cuando sus autores, respecto de ellas, estén penalmente condenados por falso testimonio. Como el caso que antecede, las fallas en la obtención de la prueba no son de recibo en el recurso extraordinario de revisión, porque pudieron ser denunciadas a través de los medios ordinarios de defensa que todo proceso prevé.

”Como cuarta causal está la de:

 

"Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba."

 

”En relación con esta causal cabe formular comentarios análogos a los expresados respecto de las causales 2a. y 3a., pues en ella no se vislumbran aspectos correspondientes a la nulidad del artículo 29 de la Constitución, toda vez que se trata sólo del desconocimiento del mérito probatorio de dictámenes periciales que faltan a la verdad por dolo de sus autores.

 

”La quinta causal de revisión corresponde a:

 

"Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida."

 

”Sin necesidad de mayores lucubraciones, como es también claro que esta causal no tiene ninguna relación con la aportación indebida de pruebas, nada tiene que ver con la nulidad del artículo 29 de la Constitución Política.

 

”La sexta causal es la de:

 

"Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente."

 

”Como en la causal anterior, la ley busca no dejar incólumes las conductas antijurídicas y fraudulentas de las partes. Hay que presumir, por la naturaleza de las cosas, que dichas maniobras son de las que se busca que permanezcan ocultas y, en este sentido, no corresponden con la producción indebida de pruebas, la cual, a pesar de sus vicios, al menos es aparente. Por lo tanto, a juicio de la Corte, esta causal tampoco toca con la nulidad del artículo 29.

 

”La causal 7a. prevé la revisión por:

 

"Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad."

 

”Los conceptos involucrados aquí, es decir, la indebida representación o la falta de notificación o emplazamiento, como cuestiones ajenas a la obtención indebida de pruebas, tampoco tienen relación con el anotado artículo 29 de la Carta.

 

”En octavo lugar está la causal que conduce a la revisión por:

 

"Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso."

 

”Por referirse a un aspecto que nada tiene que ver con la aducción indebida de pruebas, esto es, la nulidad de una sentencia no susceptible de recurso, esta causal tampoco tiene ninguna afinidad con la nulidad del artículo 29.

 

”La última causal está prevista así:

 

"Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada, entre las partes del proceso en que aquélla fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad lítem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada."

 

”Esta causal, alejada de la aportación indebida de pruebas, es evidente que tampoco tiene relación con la nulidad del artículo 29.

 

”En resumen, puesto que las causales civiles de revisión están previstas para resolver una serie de irregularidades, pero, en ningún caso, están referidas a la aportación indebida de pruebas, no es cierta la afirmación de la demanda en el sentido de que a través de dichas causales puede resolverse sobre la nulidad prevista por el artículo 29 de la Constitución. Por lo tanto, tampoco es cierto que no exista ninguna razón para exigir la caución impugnada al recurrente, so pretexto de que la nulidad constitucional implica la desaparición de las consecuencias civiles de la cosa juzgada, y, finalmente, también es errónea la tesis de que, por el nexo entre dicha nulidad y el proceso de revisión, la exigencia de la caución sea inconstitucional por no estar prevista en el artículo 29 de la Constitución.

 

Quinta.- Conclusiones.

 

”En síntesis, la Corte considera que al ser la revisión un recurso excepcional que pone en tela de juicio la inmutabilidad de la cosa juzgada, que está estructurado sobre una serie de hechos que no suelen presentarse normalmente, es razonable que la ley, para prevenir abusos, exija la prestación de una caución. Caución que, además, protege los derechos de los afectados con la sentencia sometida a la revisión, asegurando el resarcimiento de los perjuicios que se les puedan ocasionar si las razones de la demanda de revisión resultan infundadas o temerarias, y garantizando el pago de las costas, multas y frutos civiles y naturales que se estén debiendo.

 

”Específicamente, en lo que atañe a la caución del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, ésta se justifica, pues no se puede perder de vista que quien pide la revisión de una sentencia en firme, que está destinada a cumplirse, ataca una providencia amparada por una presunción de verdad, dictada como culminación de un proceso en el que se supone que se respetó el derecho de defensa y el debido proceso.

 

”En conclusión, la Corte no percibe ninguna violación del artículo 2° de la Constitución, porque, a pesar de que esta norma se refiere a la garantía de efectividad de derechos constitucionales tales como el acceso a la justicia, el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, la ley puede dar las reglas de gobierno de los procesos, velando por la responsabilidad en el planteamiento de los distintos recursos.

 

”La caución del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, tampoco viola el artículo 4° de la Constitución, puesto que no desconoce la primacía de la Carta sobre la ley.

 

”No hay vulneración de los derechos al debido proceso, acceso y gratuidad de la justicia, al permitirse que la caución impida que se dificulte el justo pago de unos eventuales perjuicios, multas, costas, y frutos civiles y naturales.

 

”La Corte rechaza la tesis de que por estar la nulidad del artículo 29 involucrada en las causales del recurso extraordinario de revisión, éstas operan de pleno derecho, y no requieren de presentación de caución ni de pronunciamiento judicial, porque la aceptación de tamaño despropósito conduciría a la anarquía, puesto que cualquiera se arrogaría la facultad de aplicar justicia por su propia mano. (El subrayado, no es del original).

 

”Lo expuesto explica porqué la caución tampoco quebranta el artículo 228 de la Constitución, pues con ella no se hace prevalecer una formalidad sobre un aspecto de fondo.

 

”Finalmente, con la caución del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, no se viola el artículo 229 de la Constitución, porque dicha seguridad no pretende impedir el acceso a la justicia de nadie, entre otras cosas porque es cierto que el citado Código, en el artículo 160, subrogado por el artículo 1°, numeral 88, del decreto 2282 de 1989, consagra el amparo de pobreza para favorecer a quien "no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos". Y, conforme al artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el mismo numeral del artículo 1° del citado decreto, "el amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales".”.

 

Uno de los aspectos interesantes de esta sentencia, es la relación con la figura de la inexistencia, que igual que la nulidad de pleno derecho, no necesariamente operan sin necesidad de un pronunciamiento judicial; es decir, con la simple declaración unilateral del interesado.

 

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